Acerca del Observatorio Luz Ibarburu

El Observatorio “Luz Ibarburu” es una red de organizaciones sociales del Uruguay que tiene como finalidad dar seguimiento a los procesos de justicia, en relación a las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado, y democratizar el acceso a la información sobre las mismas.

Brega por el cumplimiento de las políticas públicas que debe implementar el Estado, de acuerdo a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Gelman, realizando asimismo, el seguimiento de la totalidad de las denuncias radicadas en las sedes penales uruguayas en torno a esta materia.

Integrantes

Consejo Asesor de Honor

Organizaciones Sociales

Equipo de Consultores Jurídicos Nacionales

Equipo de Consultores Internacionales

Fundamento

La Corte IDH en la sentencia condenatoria al Estado uruguayo en el caso Gelman, dispuso que en el Uruguay las investigaciones judiciales de graves violaciones de derechos humanos, fueran llevadas de manera eficaz, en un plazo razonable y garantizando el pleno acceso de las víctimas en todas las etapas de la investigación; y que ni la ley 15.848 u otra norma impida u obstaculice las investigaciones y eventual sanción de los responsables.

El empezar a cumplir lo dispuesto, por parte del Estado ha provocado a nivel del sistema judicial la reactivación de antiguas causas que se encontraban archivadas y la presentación por parte de las víctimas de nuevas denuncias.

Ante lo cual, distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos, en el marco de un acuerdo entre el PIT/CNT con el CELS (Argentina) y la Universidad George Mason (EEUU), acordaron aunar esfuerzos para la conformación de un Observatorio sobre el estado de dichas causas.

Objetivo

Realizar el seguimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos, con la finalidad de mejorar o perfeccionar su eficacia con relación a lo establecido por la Sentencia de la CIDH.

Contenido

Un estado de situación de las causas penales de todo el país, originado a partir de un relevamiento de diversas fuentes y el entrecruzamiento de las mismas. Gráficas que dan cuenta de diversas informaciones, motores de búsqueda y posibilidades de cruzamiento de informaciones. Documentos: sentencias, dictámenes del Ministerio Público y contenido de las denuncias formuladas y otros materiales de interés en el proceso de justicia.

Introducción

El Observatorio intenta ser para las organizaciones de derechos humanos, el sistema judicial y la sociedad, una herramienta para interactuar en el nuevo escenario que se instaló recientemente en el Uruguay a partir de la Sentencia de la CIDH. En el Uruguay existieron durante muchísimo tiempo, políticas de impunidad, a partir de que nuestro sistema político, no quiso o no supo enfrentar hechos muy dolorosos y traumáticos de nuestro pasado reciente con las herramientas construidas por el derecho internacional. Ello le ocasionó mucho daño al tejido social y a la institucionalidad democrática. Esas conductas, aún hoy se manifiestan en la ausencia de políticas claras en algunos niveles del Estado y en recientes dictámenes y conductas de la Suprema Corte de Justicia. Esos resabios aún subsisten y nos planean un desafío jurídico, político y ético, que tiene que ser resuelto adecuadamente. Los más de 30 años que abarcan el período analizado por el Observatorio (1981-2013), nos brindan ciertos “datos” que dan cuenta del largo reclamo de sectores importantes de nuestra sociedad buscando pacífica y sostenidamente restablecer el principio democrático de que todos somos iguales ante la ley. Estos “datos” de la realidad, tendrán la responsabilidad de graficar aspectos sustanciales del prolongado desafío que aún tenemos y frente al cual se deberá actuar en consecuencia.

La Sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman c/Uruguay terminó por resumir y establecer con meridiana claridad y contundencia determinadas obligaciones legales y políticas que el Estado Uruguayo se había negado, con distintos acentos y particularidades, a asumir como correspondía durante más de un cuarto de siglo.

El texto de la Corte IDH establece que el Estado uruguayo violó el derecho a la tutela judicial de las víctimas y en consecuencia debe levantar todos los obstáculos, de modo tal que se reinstale la tutela judicial efectiva por la vía de investigar los crímenes de lesa humanidad y de sancionar a sus responsables. En ese contexto se aprobó la ley 18.831, con la pretensión de resolver la incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la ley de caducidad.

Poco antes, una Resolución del Poder Ejecutivo dispuso la revocación de todos los actos que habían sustraído de la actuación del sistema judicial a las denuncias por violaciones a los derechos humanos, amparándolas en la ley de caducidad. También la Suprema Corte de Justicia, pareció acompañar un proceso que años antes se había ido consolidado a nivel mundial, declarando en algunos casos la inconstitucionalidad de la ley de caducidad.

Esas tres acciones que tuvieron lugar tardíamente –y luego de dos intentos fallidos de consultas populares y uno a nivel parlamentario–, darán lugar a un trabajoso proceso de desarchivo de antiguas causas que se encontraban paralizadas.

A esa situación se sumó un proceso de incorporación de nuevas denuncias por dos vías. Por un lado las que comenzaron a ingresar directamente en las Sedes Penales, y por otro las que en mayor número se radicaron en las seccionales policiales con la solicitud expresa de que fueran puestas en conocimiento del Juez Penal de turno que correspondiera.

Es una realidad incuestionable, que para que las denuncias presentadas avanzaran, fue indispensable el aporte por parte de las víctimas y sus patrocinadores legales, tanto de las pruebas como de un cierto “impulso procesal”. Dicho de otra manera, dadas las actuales herramientas y recursos con que cuenta el sistema judicial, sin la participación y el aporte activo y muchas veces, exclusivo de las víctimas o los denunciantes poco o nada se hubiera podido avanzar.

Los delitos que se cometieron con y desde el aparato del Estado dictatorial transformado en una organización criminal, deben ser investigados por el Estado democrático. Esa es una tarea que le compete al Estado y no debe seguir descansando en el aporte de las víctimas o las organizaciones defensoras de los DD.HH como ha sido hasta ahora. Debe existir un uso de todas las herramientas que una sociedad democrática tiene la obligación de poner al servicio de los ciudadanos frente al autoritarismo y la arbitrariedad estatal. Un auténtico acto de reparación de esa situación, no alcanza a ser efectiva con la restitución de esas herramientas que brinda el sistema de justicia liberado de toda limitación legal. Es indispensable una acción proactiva del Estado democrático para aportar las informaciones y los medios humanos y materiales para que se materialice con efectividad el proceso de hacer justicia.

La antigüedad de la mayoría de las causas, el tiempo trascurrido de los hechos que se denuncian y la falta de esa acción proactiva desde los distintos niveles del Estado, tornan imprescindible además de realizar un seguimiento de las causas, establecer una suerte de “centralidad” de la acción de los operadores del sistema judicial que permita encarar en forma adecuada conductas que escapan a aquellas a las que están acostumbrados los juzgados penales. Sin una visión en ese sentido, superada la impunidad jurídica, caeremos en la impunidad fáctica.

Recientemente la SCJ por mayoría, contrariando la opinión del Fiscal de Corte y desacatando las obligaciones del Estado uruguayo ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, ha declarado inconstitucionales en varios casos, artículos de la ley 18.831 que se había dictado por el Parlamento para remover los obstáculos de la ley 15.848 y otras normas que impedían y obstaculizaban las investigaciones y el eventual castigo de los responsables.

Luz Ibarburu

Luz Ibarburu fue una de las fundadoras de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Cuando falleció el 30 de junio de 2006 a los 84 años, llevaba 30 años de incansable reclamo de Verdad y Justicia sobre la desaparición forzada de su hijo Juan Pablo Recagno y todos los desaparecidos.

Fue una de las primeras madres que salieron a buscar a sus hijos, venciendo los temores y la sospecha, que el correr del tiempo transformó en certeza, sobre el trágico destino de los detenidos-desaparecidos en manos de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas.

Junto a otras mujeres, transformó la angustia y el dolor individual en un compromiso de lucha colectiva y solidaria. El drama de su incansable búsqueda, compartida con otras mujeres –pocas al principio– que como ella decidieron salir a la calle reclamando por hijos y nietos, fue templando su carácter siempre tímido.

Luz Ibarburu de Recagno, dedicó sus últimos 30 años de vida casi por completo a lo que transformó en razón principal y primera de su vida: luchar contra la impunidad. Muy a su pesar se fue convirtiendo en figura emblemática, un rostro algo duro, tras el cual se escondía una gran mujer de una ternura infinita y grandes sensibilidades espirituales.

Luz era la menor de ocho hermanos, hijos de una madre católica practicante y un padre batllista progresista. Cursó sus estudios secundarios en el viejo liceo Bauzá. Luego de un intento frustrado de seguir la carrera de ingeniería, se matricula en la facultad de Ciencias Económicas, donde obtiene el titulo de Contadora Pública.

Siendo aún estudiante, entra a trabajar en las oficinas de Impuesto a la Renta. Antes de recibirse en la Caja de Ahorro Postal, conoce a Ademar Recagno quien sería su esposo y padre de sus dos hijos. Se recibe de Contadora en 1949 al mismo tiempo que Ademar Recagno lo hace de Escribano Público. Un año después en 1950 contraen matrimonio. El 29 de enero de 1951, nace su primer hijo Juan Pablo y en 1955 Andrés.

Luz acompaña el proceso de compromiso político que asume su hijo mayor en 1968, dejando incluso su condición de católica practicante. Aunque sin asumir ninguna militancia política, sentía una profunda admiración por la entrega y la convicción de los jóvenes de la generación de su hijo, por sus ideales de construir con sus luchas un mundo más justo.

Cuando en 1972, detienen y procesan a su hijo Juan Pablo por sus actividades revolucionarias, hace sus primeras armas peregrinando por todos los cuarteles del país durante siete meses sin saber dónde estaba su hijo. Cuando Juan Pablo obtuvo la libertad en 1973, se casa y se traslada a la Argentina. Allí Luz viajaba periódicamente a visitarlo. En 1976, Luz se encontraba viajando por Europa con su esposo, cuando estando en Paris una amiga les informa que había una lista de desaparecidos en la Argentina y uno de ellos era su hijo Juan Pablo.

Juan Pablo fue secuestrado en un operativo conjunto organizado por represores uruguayos y argentinos contra integrantes del PVP, el 2 de octubre de 1976 en un bar de Buenos Aires, desde donde fue llevado al centro clandestino Automotores Orletti para nunca más conocerse su paradero.

A Recagno, la desaparición de Juan Pablo lo afecto muy profundamente. No quiso salir más, dejó de ir al cine, se recluyó totalmente. Luz creyó volverse loca, hasta que un día se impuso salir y empezar a hacer cosas.

Inicia un largo y prolongado peregrinaje intentando saber dónde estaba su hijo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, le advierte de los riesgos que corría viajando sola a la Argentina y le proporciona los teléfonos de Elisa Michelini la esposa del Senador Zelmar Michelini asesinado en Buenos Aires y de Violeta Malugani, madre de un compañero de militancia de su hijo, también desaparecido en Buenos Aires.

Cuando intentaba llevar su reclamo de saber que había pasado con su hijo ante uno de los integrantes del llamado Consejo de Estado a comienzos de 1977, en la sala de espera había otro matrimonio realizando gestiones similares: eran Maria Esther Gatti y su esposo Ramón Islas reclamando por María Emilia Islas, Jorge y Mariana Zaffaroni.

Con Violeta, Maria Esther Gatti, Quica Salvia, María Elena Antuña, Irma Hernández, Angélica Cáceres, Blanca Artigas y Milka González empiezan a realizar reclamos juntas y a formar un grupo de personas que tenían algún familiar desaparecido, tomando contacto con las madres de Argentina. Empiezan a acompañarlas en las marchas y las rondas. En 1979, cuando la Convención Interamericana de Derechos Humanos realiza una visita a Argentina y toma declaraciones y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, el grupo de familiares de desaparecidos uruguayos en la Argentina se consolidó.

Empezaron a andar juntas. En ese andar juntas, esas mujeres se relacionaron con otras madres del continente en FEDEFAM, contribuyendo a la gestación de herramientas jurídicas que ayudaran a erradicar la impunidad, como lo es la Convención sobre la desaparición de personas. Lo que originariamente fue para todas un reflejo natural ante la desaparición de sus hijos se transformó en lucha por las libertades democráticas, por verdad y justicia. En ese proceso, se encontró a Luz en las batallas contra la ley de caducidad impulsando la Comisión Nacional Pro Referéndum para hacer realidad la esperanza del voto Verde.

Fue tempranamente, una de las activas promotoras de denuncias penales ante la justicia uruguaya y de otros países, en la búsqueda de lograr traspasar las vallas de la impunidad tendida por la ley de caducidad.

Luz Ibarburu, junto a otros familiares de detenidos-desaparecidos, denunció ante la Justicia uruguaya la existencia de un "Segundo Vuelo de Orletti” utilizado por las dictaduras uruguayas y argentinas en el marco del Plan Cóndor, para trasladar clandestinamente a prisioneros políticos secuestrados en Argentina a Uruguay.

Como muchas, Luz murió sin saber el destino de su hijo. Desde esta herramienta, Luz y tantas y tantos que murieron sin saber el destino de sus hijos, siguen batallando por Verdad y Justicia.